Panorama del Decreto 583

Este aí±o se expidió el Decreto 583 de 2016, una reglamentación que aíºn genera polémicas por aparentes vací­os jurí­dicosí‚  y extralimitación normativa. Las causas que la despacharon aíºn se debaten entre la globalización, la alta competencia económica y la necesidad de especialización de las actividades productivas.

Ahora bien, más allá de su razón de ser, este Decreto surgió por la imperiosa necesidad de aquellas empresas que ofrecen servicios donde solicitan la colaboración de otras para el desarrollo de sus exigencias.

í‚¿Qué seí±ala el Decreto 583?

En sí­ntesis posibilita a las empresas a contratar a otras empresas para realizar parte de sus actividades. La empresa proveedora í¢â‚¬Ëœprestaí¢â‚¬â„¢ sus trabajadores para que ejecuten ciertos servicios, lo que se entiende por tercerización de actividades, pero con la condición de no afectar los derechos constitucionales y legales de los mismos. í¢â‚¬Å“El decreto legaliza la tercerización laboral de actividades misionales permanentes. Surge un nuevo concepto de í¢â‚¬Ëœproveedorí¢â‚¬â„¢ y con el, la lista de figuras que pueden tercerizar, incluidos sindicatos í‚ y cualquier otra modalidad contractualí¢â‚¬Â, seí±ala Sandra Muí±oz Caí±as, Directora del írea de Defensa de Derechos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Las empresas ya vienen con una tendencia a la externalización de sus actividades permanentes y con este decreto se estarí­a legalizando, lo que hasta ahora estaba prohibido, así­ como habilitando el uso de figuras de cualquier tipo para el desarrollo de su misión. José Roberto Herrera, abogado de la Universidad del Rosario, expresidente de la Corte suprema de Justicia y expresidente de la Asociación Colombiana de Seguridad Social, seí±ala: í¢â‚¬Å“Con este Decreto no se pueden violar las normas laborales. Las actividades í¢â‚¬Ëœmisionalesí¢â‚¬â„¢, las esenciales, inherentes, consustanciales de la empresa beneficiaria, no las puede realizar un tercero como se precisa en la norma vigente (Artí­culo 63 de la Ley 1429 de 2010).

Una visión general

Para la mayorí­a de personas puede resultar un tema confuso o incomprensible. José Roberto Herrera expone de forma clara y funcional una radiografí­a alrededor de este decreto.

Un primer ejercicio es imaginarse una empresa productora de zapatos, la cual debe realizar directamente sus actividades con sus trabajadores. En el caso de querer o no tener que valerse de un tercero, debe ser para una colaboración y no para sustituir totalmente una actividad. Ese tercero debe ser autónomo, actuar con sus propios medios, cumplir los plazos de contratación con los trabajadores del tercero (de acuerdo a lo que estipula la ley) y ser económicamente solvente para satisfacer sus obligaciones legales.

Otro caso: si una empresa productora de gaseosas contrata una empresa de servicios temporales, para que sus trabajadores realicen operaciones de producción como elaborar envases y después de un aí±o vuelven a contratar la misma empresa para ese puntual servicio, se estarí­a violando normas legales y la empresa podrí­a ser sancionada con multas impuestas por inspectores de trabajo que encuentran una tercerización ilegal.

Así­ mismo, si una cooperativa de trabajo enví­a a sus asociados como trabajadores a cumplir misiones como las anteriores, se incurre en intermediación ilegal y esto también puede ser sancionado. í¢â‚¬Å“Las íºnicas autorizadas en la legislación colombiana para hacer tercerización laboral, entendida esta como el enví­o de trabajadores en misión a terceros son las empresas de servicios temporales, constituida como personas jurí­dicas con objeto social exclusivoí¢â‚¬Â, esclarece Miguel Pérez Garcí­a, Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset).

Calidad en los términos

í‚¿Qué son actividades misionales? Corresponden a aquellas funciones directamente relacionadas con la producción de bienes o servicios que definen a una empresa, í¢â‚¬Å“son las actividades sustanciales que afectarí­an la producción de los bienes o servicios caracterí­sticos del beneficiarioí¢â‚¬Â, seí±ala Muí±oz Caí±as, quien además está convencida de que el problema no solo está en la definición de í¢â‚¬Ëœactividades misionales permanentesí¢â‚¬â„¢, sino en la premisa de que las empresas pueden tercerizar su cadena productiva, pero no responder como empleadores.

En el decreto se evidencian inconsistencias como término tercerización. De acuerdo con la Corte Constitucional en sentencia C-690 de 2011, establece la í¢â‚¬Å“prohibición para entidades píºblicas y privadas de contratar mediante cooperativas de trabajo asociado o cualquier otra modalidad de vinculación, que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales, a quienes deben desarrollar las actividades misionales permanentes de la respectiva entidadí¢â‚¬Â.

Cambios marchando

Con el decreto se cambió el sentido del Artí­culo 63, que pretendí­a reglamentar y prohibir la tercerización de actividades misionales. Ahora, con la reglamentación del Artí­culo 63 de la Ley 1429 de 2016, queda abierta la posibilidad que no se reconozcan los derechos laborales o constitucionales de los trabajadores, que sea legal tercerizar todo, que se falte al principio de vinculación directa y que se habilite toda clase de personas, natural o jurí­dica, a realizar tercerización laboral bajo la figura del proveedor de servicio y de bienes. í¢â‚¬Å“El cambio principal y fundamental con respecto a la normatividad anterior, es el cambio que se da al concepto de tercerización de procesos, a través de proveedores de bienes y serviciosí¢â‚¬Â, concluye Pérez.

Debate por la tercerización

Enviar trabajadores a otras empresas para atender labores misionales permanentes, es uno de los malestares más latentes, algunos califican esta reglamentación como ilegal, í¢â‚¬Å“en estos casos se violarí­an derechos constitucionales al no tenerse la autorización legal para enví­o de trabajadores a terceros, es decir, al intermediar el manejo del recursos humanoí¢â‚¬Â, manifiesta Pérez, presidente de Acoset.

Muí±oz complementa: í¢â‚¬Å“El decreto significa un gran retroceso, fundamentalmente porque toda tercerización laboral es legal y permitida siempre y cuando cumpla con las normas laborales vigentesí¢â‚¬Â. Frente a este descontento de tercerizar todas las relaciones laborales con proveedores sin importar su forma jurí­dica, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Enrique Borda, negó que a través de este decreto se esté universalizando la posibilidad de tercerizar, calificó de absurda la interpretación y afirmó: í¢â‚¬Å“Hay que leer el artí­culo como un todo y no asilado por lí­neasí¢â‚¬Â.

Supervisores éticos

Es importante que con tercerización o sin ella, ninguna empresa se valga de alguna figura para afectar los derechos constitucionales legales y prestacionales de los trabajadores. Segíºn el Decreto 583 de 2016, para que se declare ilegal la tercerización es necesario que se reíºnan dos requisitos: primero, que se vincule personal para el desarrollo de actividades misionales de la empresa beneficiaria a través de un proveedor; y segundo, que se afecten los derechos constitucionales o los consagrados en las demás normas laborales.

El Ministerio del Trabajo adelanta estudios sobre tercerización laboral ilegal por regiones y capacitación a inspectores, para auditar que las empresas se apeguen al cumplimiento del decreto, de lo contrario los Inspectores de Trabajo podrán establecer sanciones a las empresas beneficiarias y proveedoras hasta de 5.000 salarios mí­nimos legales mensuales.

Fuente: Alejandra Hamann Moreno / Revista Capital Humano

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